Sobre la legalización de Batasuna

El último comunicado de ETA y la firma del acuerdo estratégico entre la izquierda abertzale ilegalizada, Eusko Alkartasuna y Alternatiba han reabierto el debate (bueno, más bien, el cúmulo de especulaciones y declaraciones) sobre la posible presencia de la formación ilegalizada en las próximas elecciones municipales y forales del mes de mayo.

Y, como no podía ser de otra manera, los posicionamientos públicos del Partido Socialista(me parto) Obrero(me mondo) Español(eso sí) y sus representantes en los distintos gobiernos son una muestra estupenda (y van…) de lo que es la incoherencia política y los posicionamientos de dudoso poso democrático. Vayamos por partes.

El señor Jáuregui, a la sazón ministro de Presidencia, ha adelantado ya que los tribunales no permitirán la legalización del nuevo partido político que la izquierda abertzale ilegalizada tiene previsto presentar en febrero. ¿Cómo puede un ministro adelantar cuál será la posición de los tribunales supuestamente independientes sobre un nuevo partido político, del que ni siquiera conocemos a día de hoy sus nuevos estatutos ni sus portavoces? ¿Cómo puede sostener luego ese mismo ministro que en el estado español no se persigue a nadie por sus ideas? ¿Acaso no es eso un intento de condicionar la decisión de los jueces? ¿Pretenden realmente que creamos en la independencia del Poder Judicial con declaraciones públicas de ese pelo?

Pero no se vayan todavía, aún hay más. El propio Jáuregui ha dicho que “no es el momento” de legalizar la exBatasuna. ¿Qué quiere decir que no es el momento? ¿No es el momento ni siquiera si se cumple la Ley de Partidos? ¿Acaso la ley se aplica en función de las variables externas y coyunturales de cada momento?.....eso parece, pues el propio Jáuregui dice ahora que la izquierda abertzale no será legal hasta que ETA desaparezca (condición no impuesta en su día a Aralar, por cierto, partido que el Partido Socialista(me parto) Obrero(me mondo) Español(eso sí) pone de ejemplo para decir que no se persigue a la gente por ser de la izquierda abertzale) o hasta que Batasuna “rompa con ella o la margine definitivamente”. ¿Pero no nos decía usted y los suyos que Batasuna se ilegalizó por ser ETA?. ¿Cómo puede ETA romper con ella misma? Es más, si me apuran ¿Cómo se puede plantear el Gobierno la posibilidad de legalizar Batasuna (que para ellos es ETA) una vez que ETA desaparezca, es decir, cómo se puede legalizar algo que ha desaparecido? O soy muy corto o, realmente, ni ellos mismos han creído nunca que Batasuna sea ETA.

Pero si esto les parece poco, esperen a oir lo dicho por el ministro de Justicia (ahí es nada), el señor Francisco Caamaño, experto, a la vista de los hechos, en elaborar estupideces de gran tamaño.

El señor Caamaño, en un aviso no explícito pero tremendamente revelador, ha recordado a EA y Alternatiba que sus listas electorales pueden ser impugnadas, agárrense los machos, si en ellas se incluye a “personas vinculadas al entorno de ETA”.

Varias matizaciones y grandes dudas.:

Según se desprende de las palabras del ministro, el gobierno es capaz de saber si en una lista electoral hay personas “vinculadas al entorno de ETA” con sólo leer los nombres de quienes las integran. O lo que es lo mismo, que el Gobierno conoce a las personas que, según él mismo, forman parte del “entorno de ETA”. Si el Gobierno conoce quiénes forman parte del “entorno de ETA” ¿por qué no actúa contra ese entorno? ¿por qué no detiene y juzga a esas personas? ¿por qué esas personas siguen libres, haciendo vida normal, pero lo único que no pueden hacer es presentarse como candidatos a unas elecciones? Que alguien me dé una explicación respetuosa con los principios democráticos y el estado de derecho, por favor.

Otra de las dudas que surgen es evidente. ¿Qué es para el ministro entorno de ETA? ¿Formar parte de la banda? ¿Ayudar a quienes forman parte de la banda? ¿Conocer y/o tener familiares dentro de la banda? ¿haber sido candidato de una lista electoral ilegalizada? ¿Y si el ciudadano no fue candidato pero estampó su firma para que dicha candidatura pudiera concurrir como plataforma ciudadana? ¿Y si participó como apoderado el día de las elecciones? ¿Y si ha participado/acudido a asambleas de la Batasuna ilegalizada? ¿Y si ha acudido a manifestaciones para reclamar la autodeterminación o el respeto a los derechos de los presos?. ¿Cuántas situaciones de las mencionadas en estas preguntas son absolutamente legales a día de hoy en el estado español?

Es más, rizando el rizo y haciendo un ejercicio de abstracción. Coloquémonos en el Ayuntamiento de Gasteiz, por ejemplo. Imaginemos que en las próximas elecciones se presenta como independiente en una lista de EA o de Alternatiba un candidato que, siempre que ha concurrido a las elecciones, lo ha hecho por Batasuna cuando esta formación era legal, pero que nunca ha formado parte de una lista ilegalizada. ¿Estará esa lista contaminada por una persona a la que sólo se le puede reprochar haber sido candidata y representante de un partido legal?